Como reacción a la escalada de precios eléctricos, varios gobiernos nacionales han solicitado a la Comisión Europea cambiar el diseño del sistema mayorista de la electricidad. El objetivo es garantizar una mejor relación entre el precio pagado por los consumidores y el coste medio de producción en cada sistema nacional. Algunas de esas propuestas solicitan que el diseño del mercado sea Pay as bid, es decir, que cada tecnología cobre el precio que ha ofertado y eliminar así el actual sistema marginalista, en el que todas las tecnologías, con independencia de sus costes de producción, cobran el precio de la última unidad de generación necesaria para satisfacer la demanda en cada momento.
En este contexto, el Florence School of Regulation, organismo internacional dedicado a la investigación independiente sobre la regulación de energía y clima, ha publicado un informe en el que analiza la situación del mercado energético actual y los efectos de posibles alternativas. El instituto llega a la conclusión de que un sistema de mercado Pay as bid, en el que cada tecnología cobra su precio ofertado, no daría como resultado ofertar precios más bajos y además podría afectar negativamente en la eficiencia del mix de generación entre otras consecuencias. En general se parte de la idea errónea de suponer que el comportamiento de los generadores va a ser el mismo en los dos métodos de fijación de precios, esto claramente no es realista si cada generador es retribuido por el precio de la oferta que ha presentado, los generadores estimarán cuál será la oferta más cara que será aceptada y ofertarán a ese precio, aunque sea superior a sus propios costes variables, por lo que el resultado será un mayor coste para los consumidores. Esto puede tener un impacto negativo para la eficiencia del mix de generación al provocar que generadores con costes variables bajos no terminen de ser casados en el mercado al ofertar un precio superior, por lo que no producirán a pesar de que hubieran podido suministrar electricidad a un coste menor. Esto se traduce en un funcionamiento ineficiente de las centrales y en un mayor coste de suministro.
Por otro lado, el Florence School of Regulation defiende que los consumidores vulnerables deben estar protegidos del impacto de los precios más altos de la energía y que esto debe hacerse de una manera que no distorsione las señales de los precios. Todos los consumidores, también los vulnerables, deben estar expuestos a estas señales para promover un consumo eficiente y la posibilidad de participar en mecanismos de la flexibilidad de la demanda.
